F. B. conserva la sensación del primer día en que la discusión verbal fue más allá; pensó que no se repetiría, pero ahora, casi dos décadas después, se marcha a la cama inquieta. No duerme y sabe que sus hijas tampoco lo hacen. Se dice “harta de esta situación”, por eso ha iniciado, en secreto, los trámites de su separación. Lo hace de esta forma porque su marido no accedería voluntariamente a ella. El proceso es complejo: primero tiene que conseguir que la Junta de Extremadura le asigne un abogado de oficio y, sólo cuando todos los cabos estén atados, éste comunicará al agresor las intenciones de su cliente.
Gema acudió a un centro de atención a las víctimas de malos tratos: la “Casa de la Mujer” de Badajoz. Tras el incidente del 8 de marzo, aprovechó la presencia de la Guardia Civil para denunciar los malos tratos que había sufrido hasta ese momento. Su hija dejó de estudiar para acompañarla; nadie, ni siquiera su madre, sabía dónde se encontraban.
En el centro, Gema mantuvo contacto con otras personas que habían vivido una experiencia similar y empezó a plantearse una nueva manera de hacer frente a su día a día. Encontró trabajo como asistenta doméstica y volvió a su casa unos meses después. Su ex -pareja ha continuado amenazándola desde entonces, pero “ahora es distinto” He descubierto que puedo educar a mi hija sin depender económicamente de él y he descubierto también que puedo realizarme sin que anulen mi carácter”. Ha encontrado un empleo estable, acaba de obtener el carné de conducir y ha renovado su vestuario.
El final de la historia de J. C es muy parecido. Tras los golpes ante su hijo , vino una denuncia y un parte médico que se ha convertido en su principal elemento de defensa en el juicio que se va a celebrar próximamente. Ella, que tampoco trabajaba y cuya casa contaba con todo tipo de comodidades, se encontró materialmente desprotegida. Ahora vive con su hermana y sus dos hijos y en estos meses ha trabajado como recolectora de aceitunas, como monitora de niños y como limpiadora de hogar. Sus ojos tienen un brillo distinto cuando habla de su actual pareja: “en sólo dos meses me ha demostrado que no todos son iguales. Lo que más valoro es que escuche mis opiniones y que cuente con ellas para tomar decisiones que nos afectan a los dos”.
Estas mujeres constituyen tres casos aislados de una realidad contra la que luchan cada vez más fuerzas y organismos públicos y privados. La Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género” pretende reducir el número de agresiones verbales y físicas que tiene lugar en nuestro país y sanciona cualquier comportamiento ofensivo hacia las víctimas. Contempla unas medidas de seguridad y protección que las ampara en el caso de que no tengan medios económicos para rehacer su vida una vez que abandonan su hogar. Contempla también un plan de actuación que coordina las labores de la Administración, de las fuerzas del orden y de los centros especializados en la atención a las afectadas, para edificar una política efectiva que ayude a reducir el número de personas maltratadas, el número de muertes, el número de personas que grita en silencio. Para que no haya más números.
El dolor tiene nombre de mujer
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